miércoles, 31 de agosto de 2016

Tareas económicas pendientes para el próximo gobierno de España










Alberto Vaquero García
Profesor Titular de Economía Aplicada. Grupo GEN de investigación
Universidad de Vigo


 Escribo este artículo, a finales del mes de agosto, sin saber si finalmente tendremos un nuevo gobierno en España a partir de los últimos resultados electorales. El panorama político durante los últimos días de este mes es cuento menos, incierto y deja todo en el aire.
Sin embargo, España tiene que enfrentarse a corto y medio plazo a una serie de retos económicos que exigen una rápida solución a esta encrucijada política. Junto con lo anterior, es también evidente que el nuevo ejecutivo, si finalmente se logra conformar, y el nuevo parlamento, tendrán un ingente trabajo, ya que desde la Comisión Europea se vienen señalando fuertes exigencias en materia económica. Veamos, a continuación, cuáles son algunas de las tareas pendientes para el próximo gobierno de España.
En primer lugar hará falta contar con un nuevo presupuesto, salvo que se opte por prorrogar el de 2016. Como es conocido, el proceso de elaboración presupuestario es largo y se inicia desde el 1 de enero de cada ejercicio. A las alturas a las que estamos, con un ejecutivo en funciones, va a ser complicado tener un nuevo presupuesto y que este sea aprobado por el parlamento antes del 31 de diciembre. Si finalmente, nos fuéramos a unas terceras elecciones, la prórroga del presupuesto se debería realizar cuanto antes, para evitar la incertidumbre presupuestaria.
En segundo lugar, va a ser necesario hacer frente a un recorte en los dos próximos años de 20.000 millones de euros en las cuentas públicas. En los dos últimos ejercicios fiscales no hemos sido capaces de cumplir con los objetivos de déficit y esto casi le cuesta a España una multa de 2.400 millones de euros, pero finalmente, in extremis, la Comisión Europea, acordó no aplicarla, a cambio del citado recorte de 20.000 millones. Ahora bien, en caso de no cumplir con este objetivo no creo que tengamos tanta suerte como la primera vez.
Para cumplir con esta necesidad España tendrá que hacer recortes presupuestarios, de hecho, ya los está haciendo, ya que confiar totalmente en el crecimiento económico para mejorar los ingresos no es muy recomendable. Por otra parte, no se entiende muy bien, desde la perspectiva fiscal, como se aprueban rebajas tributarias y, al mismo tiempo, se incumple con el objetivo del déficit. Si una familia prevé que necesita ajustar su deuda, los individuos deberán conseguir ingresos por otras vías para mejorar su capacidad económica, por ejemplo, buscar un mejor empleo o trabajar más horas. No puede ser que se deje de trabajar y, al mismo tiempo, se ajuste la deuda. Las cuentas no cuadran.
En tercer lugar y muy relacionado con lo anterior, España tiene un gran problema con su nivel de deuda pública, que se incrementó en los últimos años por la incapacidad de generación de ingresos, aumento del gasto y el rescate financiero de 100.000 millones de euros que se solicitó a la Comisión Europea para salvar a las cajas de ahorro. Hemos pasado de un ratio de deuda pública entre el PIB del 60% en 2010 a casi el 101% en 2016 (más de 1,1 billones de euros) y lo peor de todo es que seguimos subiendo.
Tener un elevado nivel de deuda no es conveniente, pero el principal problema es ver cómo, en vez de caer, aumenta. Esto significa que el país se manifiesta incapaz para generar ingresos que reduzcan este sobreendeudamiento de la economía española. Como señala el sabio refranero español “No se puede estar en misa y repicando”, por lo tanto, antes de aplicar rebajas fiscales en períodos previos a las elecciones, sería aconsejable medir su impacto en términos de recaudación, para determinar, paralelamente, si somos capaces de reducir nuestro nivel de endeudamiento. Es cierto que el contribuyente siempre prefiere que se le baje la presión fiscal, pero habría que calcular si estamos en condiciones de hacerlo. Sinceramente, tengo mis dudas.
En cuarto lugar, la reforma laboral no ha cosechado los frutos esperados. De la flexiseguridad en el trabajo del modelo de Holanda y Alemania, en España nos hemos quedado sólo con el prefijo (flexibilidad). Esto es, se ha conseguido reducir los salarios en más de un 20% desde el inicio de la crisis económica, ha aumentado la temporalidad hasta niveles desconocidos (somos el segundo país de la UE tras Polonia con la tasa más elevada) y las condiciones laborales han empeorado para la inmensa mayoría de los trabajadores. No es de extrañar que el 80% de los trabajadores en España se consideren mal pagados. Cierto es que el desempleo se ha reducido, en parte por la emigración de una parte importante de la población activa (casi 800.000 españoles nacidos en España han tenido que emigrar, cifra que aumentaría hasta los 2,2 millones si consideramos a todos los residentes con nacionalidad española), en parte por el incremento de la contratación temporal.
Precisamente, ha sido el sector servicios, con altas tasas de temporalidad y con una demanda de trabajadores con escasa cualificación la que más está tirando, junto a la construcción, en la creación de empleo. Pero ojo, esto no es lo mejor para nuestra economía, ya que necesitamos empleos de calidad y sobre todo en el sector industrial. Quizás debiéramos mirar más a Alemania, que ha seguido este modelo y no tanto a los países del Sur de Europa.
Por otra parte, la población nacida en España que emigra son, en su mayoría, egresados universitarios, esto es, se va gente preparada a trabajar fuera, con la consiguiente pérdida de capital humano, mientras se crea empleo poco cualificado en el sector servicios.
Una de las pocas cosas buenas que parece que ha traído la reforma laboral es reducir la brecha entre la tasa de vacantes y la tasa de desempleoque con la crisis económica había disparado este diferencial. Ahora es menor que antes de la reforma, mejorando el ajuste en términos de cantidad, pero no lo calidad. Se ha producido una mejora, eso sí, de la forma menos recomendable laboralmente. Hay que primar la calidad en el trabajo, no vender solo el descenso de las tasas de desempleo o el número de desempleados.
En quinto lugar los recortes sociales en materia de dependencia, asistencia social, pensiones, sanidad y educaciónhan sido los mayores de las dos últimas décadas. Esto ha provocado que las familiasse tengan que hacer cargo de un gasto que antes garantizaba el Estado y/o las Comunidades Autónomas, y paralelamente se han incrementado el número de familias en situación de pobreza. España es el país en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis económica. La pobreza infantil ha crecido a niveles inimaginables hace años. Parece que España está saliendo de la crisis, pero no todos los habitantes lo están haciendo. Sería necesario un mayor crecimiento económico, que generase un empleo de calidad para reducir estos niveles de pobreza y desigualdad y, paralelamente, que el sector público dedicase más esfuerzos a combatir estos problemas. Lo tenemos difícil, entre crecimientos de PIB no superiores al 3,5% (que se reducirán a partir de 2017) y los recortes presupuestarios, la solución a esta problemática no es posible.
En sexto lugar, es necesariauna reforma fiscal en condiciones. No es viable presupuestariamente ir a la baja con los impuestos directos. El Impuesto de Sociedades es el tributo que mejor representa esta necesidad. El tipo medio teórico ha pasado del 35% en 2006 al 25% en 2016. Para ciertas entidades que no son precisamente PYMEs, el tipo medio efectivo es del 5%. Estas rebajas fiscales están lastrando a la mínima existencia a este tributo que fue una de las principales bazas recaudatorias. Sin la transcendencia del Impuesto de Sociedades, las rebajas fiscales del IRPF tampoco ayudan. En un momento de consolidación fiscal no es recomendable rebajar los impuestos. Tampoco parece aconsejable por razones de equidad en apostar por incrementos de la presión fiscal indirecta, en especial, por subidas de IVA, pero esto es lo que se lleva haciendo los últimos años y posiblemente, tengamos que enfrentarnos a una nueva modificación de los tipos de este impuesto a corto plazo.
Además, esta política de rebajas fiscales la han practicado también las CC.AA. ya que se observa una tendencia a la baja que resulta cuanto menos peligroso para el funcionamiento de los servicios públicos. Si todas hacen lo mismo, a medio y largo plazo, no se podrán garantizar los servicios y prestaciones públicas.
En séptimo lugar hay que pensar qué hacer cuándo se agote la “hucha” de las pensiones. En los últimos 5 años se han sacado la misma cantidad más los intereses que se habían ahorrado en 7 años. De seguir con el ritmo de retirada, a finales de 2017 ya no quedará nada a dónde acudir. La solución pasa por incrementar las cotizaciones sociales y esto solo se lograra si se consigue crear empleo de calidad.
Como se puede ver, el próximo gobierno y el parlamento van tener que realizar muchas tareas en muy poco tiempo. Esperemos, por el bien de todos, que pronto se comiencen a aplicar medidas que corrijan estos desequilibrios estructurales de la economía española. La corrección de estas derivas económicas no puede demorarse.

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